Colegio de Santa Clara de Cuéllar.
Tenemos un sistema público de Salud que funciona bastante bien, pero, cuando alguien no está satisfecho, le parece deficiente o no le ofrece suficiente confianza, contrata y paga una póliza privada para disponer de una atención sanitaria supuestamente mejor. Hasta aquí todo correcto. Sin embargo en Educación no funcionamos así. Tenemos un sistema público de Educación, que pagamos todos, pero si a unos padres les parece insuficiente, inadecuado o no ajustado a sus creencias, les pagamos un colegio privado para que sus hijos tengan una educación diferente. Entonces los llamamos centros concertados. ¿Por qué esta diferencia entre sanidad y educación, dos servicios públicos que deberían funcionar con el mismo planteamiento político?
Con la Iglesia hemos topado. En los años 80, se extendió con la LOGSE la escolarización obligatoria hasta los 16 años. No había plazas públicas suficientes y el PSOE se echó en manos de los colegios católicos, iniciando este sistema de educación concertada. Hubo una gran presión eclesiástica y una cínica guerra por la “libertad de educación”, que pregonaban en sus manifestaciones. Está claro que libertad existía, pero lo que exigían era que pagáramos con dinero público sus colegios privados. EL PSOE cedió a las presiones e inició la financiación pública de los colegios confesionales, que ha continuado creciendo hasta hoy, sobre todo en Madrid. Ya sabemos que la gran mayoría de los centros concertados pertenecen a organizaciones católicas. También sabemos que apenas tienen alumnos extranjeros, inmigrantes o de etnia gitana. Y también que “invitan” a cambiar de centro a los alumnos problemáticos que no se ajustan a su “perfil”. Y que además no están instalados en el mundo rural, ni en barrios conflictivos, periféricos o simplemente pobres. Esto se traduce en una fina selección del alumnado, con un perfil socioeconómico muy determinado. El último aldabonazo ha sido que paguemos con dinero público los colegios que separan a los alumnos por sexo, en virtud de trasnochadas teorías pedagógicas del siglo XIX. Ya vemos que en educación, como en otros temas, la iglesia católica no está tan lejos de los ayatolás.
Instituto Marqués de Lozoya de Cuéllar.
¿Qué diríamos si una ley nos obligara a pagar la sanidad privada de las clases pudientes? Precisamente eso mismo estamos haciendo con la Educación. Nos dicen que sus centros están abiertos a todo tipo de alumnado, pero sabemos que la realidad es muy diferente. Estamos financiando con dinero público la educación clasista, religiosa y conservadora de los grupos privilegiados y de las clases medias que aspiran a serlo. Fundamentalmente no es una cuestión de religión, sino una cuestión de poder, donde la Iglesia Católica es, como ha sido históricamente, el brazo ideológico de la sociedad más conservadora.
Los recortes de estos años han dejado a la enseñanza pública en una situación penosa, en instalaciones, en medios y en profesorado. Mientras tanto, apenas han tenido reflejo en la enseñanza concertada, porque los conciertos funcionan como contratos que hay que cumplir. ¿Qué tipo de evaluación se pretende efectuar ahora? Si la financiación es peor, los medios deficientes y el alumnado no puede ser atendido conforme a su gran diversidad, es difícil que la educación pública funcione con mínimas condiciones de calidad. Uno de los objetivos ocultos que quiere cumplir la Reválida de estos días en 6ª de primaria es colocar a los colegios concertados en un escalón superior y justificar su existencia y su financiación. Lógicamente los Centros Concertados, en general, quedarán situados en un nivel superior. Cada vez nos parecemos más a los países con grandes desigualdades económicas, como Estados Unidos, y con una separación clasista no confesada. La escuela pública se está convirtiendo en el refugio de los excluidos, los más desfavorecidos, de los que no pueden tener acceso a una educación que los catapulte en la escala social.
No habrá Pacto Educativo en la próxima legislatura, no nos engañemos, porque la derecha socioeclesiástica no va a renunciar a sus privilegios que le permiten seguir formando y seleccionando a sus cachorros sin ningún coste. No basta con decir que cada partido ha aprobado sus propias leyes educativas. Hay que recordar que las leyes aprobadas por gobiernos del PSOE tuvieron el apoyo de la mayoría de los grupos, excepto del PP. Las leyes de gobiernos del PP, como la LOMCE, se aprobaron con el voto en contra de todos los otros diputados. Es muy diferente.
La lucha por la separación entre una educación pública bien financiada y una educación privada, que debe autofinanciarse, es la lucha política más profunda para una sociedad española más igualitaria.
Desde el Mar de Pinares: Jesús Eloy García Polo
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