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Malestar por la nueva regulación de los apartamentos turísticos

Empresarios de turismo rural de la provincia.

Reunión de empresarios de turismo rural de la provincia.

La asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia ha reunido esta semana en Turégano a medio de centenar de propietarios de apartamentos turísticos de la provincia para valorar la situación creada a raíz de la publicación del Decreto 17/2015 de la Junta de CyL por el que se regulan  la modalidad de Apartamentos Turísticos en nuestra Comunidad . Y es que se ha iniciado desde la Junta una campaña de regularización de la oferta, inspeccionando la adaptación de las empresas a los nuevos cambios, y la sorpresa ha sido que no se ha autorizado la catalogación como “Apartamentos Turísticos” a un centenar de alojamientos en la provincia de Segovia.

En esta reunión se puso de manifiesto el gran malestar y la profunda preocupación existente, porque la posible aplicación del mencionado decreto, les dejaría fuera de categorización y por tanto de legalidad, una categorización y legalidad que la Junta de CyL previamente les ha concedido y que han conseguido después de importantes inversiones. Para Domingo Asenjo, presidente de la presidente de la Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia la Junta «ha cambiado la interpretación, dejando fuera de la ley lo que antes sí habían autorizado, y entendemos que hay que dar una salida a eso”, ya que considera que los dueños de Apartamentos Turísticos cuentan con un derecho adquirido que no puede suprimirse por una “interpretación” de la ley.

Y ante lo que califican de «incomprensible posición de la Junta», y considerando que se tiene adquirido un derecho que no se puede quitar», los propietarios de este tipo de alojamientos han decidido actuar conjuntamente de la mano de la Asociación. Y dado que el plazo para la categorización por Llaves de los Apartamentos Turísticos finaliza el 26 de Febrero próximo, se acordaba presentar la Declaración Responsable que se pide desde la Administración, cada uno individualmente, antes de que finalice el plazo fijado en el Decreto (26 de Febrero),  y esperar la respuesta por escrito de la Junta de Castilla y León, para valorar las medidas tomar por parte de este colectivo.

Autor: Redacción Cuéllar

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