Reunión con la FES.
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Mazarías, se ha reunido con el presidente de la FES, Andrés Ortega, y Miguel Antona, para mantener un encuentro relacionado con el sector del porcino.
En el curso de la reunión se ha estudiado la situación de los 38 expedientes pendientes de autorización, tanto por lo que respecta a nuevas explotaciones como a ampliación de otras existentes. Igualmente, se ha analizado el procedimiento de autorización y las numerosas garantías medioambientales, sanitarias y ganaderas que son exigibles a las explotaciones.
En este sentido, la Delegación Territorial y la FES han coincidido en la necesidad de observar un cumplimiento escrupuloso de los citados requisitos legales. A tal efecto, se incrementará la coordinación entre los Servicios Territoriales afectados (Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Sanidad) para unificar criterios y conseguir mayor agilidad en las tramitaciones.
A su vez, ambas partes han acordado incrementar los contactos de los asesores técnicos de los promotores con dichos Servicios Territoriales a fin de dotar de mayor seguridad jurídica a los procedimientos y mejorar la documentación que se presenta con los expedientes.
La provincia de Segovia tiene 1,3 millones de cabezas y se trata, desde el punto de vista de la Administración, de un sector profesionalizado y puntero en nuestra provincia por su capacidad para generar empleo y asentar población, y por los efectos indirectos que produce sobre la actividad económica en el medio rural.
Asimismo se ha destacado tras la reunión la apuesta del sector por la calidad y la innovación, con la adopción de modelos de producción sostenible desde el punto de vista medioambiental y de la seguridad alimentaria.
6 octubre, 2021
El sector porcino y la administración están en una operación de imagen y marketing para amortiguar las demandas sociales contrarias a la ganadería industrial. Ambos deberían de asumir que el territorio segoviano no admite más capacidad de acogida de este tipo de explotaciones. Las consecuencias tan negativas de la expansión descontrolada de las últimas décadas, no se corrigen con un mayor y mejor control administrativo para sus autorizaciones, porque a día de hoy no existe herramientas ni voluntad de la administración autonómica para que las explotaciones cumplan en campo con los requisitos legales, porque es in situ sobre el terreno donde se producen las irregularidades.