La escultura en manos de Montserrat Sanz, candidata de IU a la alcaldía de Cuellar , Alberto Castaño y Miguel Ángel Gómez.
Izquierda Unida ha salido nuevamente a la palestra para manifestar su disconformidad con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, que ha dado la razón al ayuntamiento en el controvertido tema de la instalación del monolito en memoria de los presos represaliados por el franquismo en el castillo de Cuéllar, y han anunciado que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Entienden desde Izquierda Unida que el Decreto municipal se opone sin ambigüedades a una leyenda concreta «a la memoria de los represaliados» y quiere que se acuerde otra.
Para esta formación política, la frase es muy sencilla de leer e interpretar, y han afirmado que con la instalación de la escultura se pretende «hacer justicia» con todas las personas que lucharon contra el franquismo, defendiendo la democracia en la II República Española y durante la dictadura, y cuando «decimos hacer justicia estamos hablando de reconocimiento y reparación, en ningún caso de promover actitudes revanchistas».
Siguen pensando que «la leyenda se ajusta al acuerdo del Congreso de los Diputados, el 20 de noviembre de 2002, a lo aprobado por el Comité de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el 17 de marzo de 2006, y está amparada por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura en nuestro país.
Y recuerdan que la Ley 24/2006, de 7 de julio, sobre la declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica, en el punto 2 de su único artículo dice que “los poderes públicos promoverán y apoyarán la celebración de actos conmemorativos que estimulen la reflexión sobre aquellos hechos y el recuerdo y el reconocimiento de la labor de aquellas personas, asociaciones e instituciones”.
Por ello se reafirman en su postura «queremos que se cumpla la Ley», más aun señalan «cuando son los poderes públicos, los encargados de aplicarla, quiénes la incumplen» y por ello ya se está trabajando en la presentación de un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, porque «mientras en Alemania se reconocen los daños causados por el nazismo, aquí, cuando se van a cumplir cuarenta años de la muerte del dictador Francisco Franco, aun existe rechazo a que se conozcan con precisión los hechos ocurridos en esta época de la historia de España.
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