juan Manuel Palomares, coordinador de la Unión de Campesinos de Segovia.
La Unión de Campesinos de Segovia ha iniciado una campaña para instar a los ayuntamientos de la provincia y a la Diputación Provincial a aprobar mociones en contra de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, mas conocido por sus siglas, TTIP, y para ello se han dirigido a los responsables provinciales de los distintos partidos políticos, para que den traslado a los concejales de ayuntamientos la postura de ésta Organización y una propuesta de moción en contra de este Tratado de Libre Comercio.
La Unión de Campesinos de Segovia-UCCL considera que los agricultores y ganaderos serán uno de los sectores más perjudicados por este Tratado, que en caso de aprobarse supondría «un cambio radical en el modelo de producción de alimentos europeo«, basado en la calidad y la seguridad, para sustituirlo por un modelo de agricultura industrial, alejado de los estándares de calidad que hoy se exigen en la UE, que hacen de los alimentos producidos aquí los más seguros del mundo.
También denuncian «la opacidad y ausencia casi total de información por parte de las instituciones y gobiernos sobre el TTIP, que hacen que no sea tarea fácil enterarse de lo que se pretende con este tratado, cosa que dice muy poco a favor de las intenciones de las dos partes, la Unión Europea y los Estados Unidos. Sin embargo, se ha filtrado información suficiente para hacer una valoración de las intenciones de este acuerdo, que por desgracia, van en sentido opuesto a los intereses de los agricultores y ganaderos de Segovia y de toda la UE, así como de los consumidores y en gran medida todas las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de cualquier otro sector.
Según esta organización, las denominaciones de origen y figuras de calidad europeas están en el centro de la diana, ya que el acuerdo pretende “armonizar” a la baja las legislaciones de ambos lados del atlántico, lo que supondría que gran cantidad de materias activas para tratamientos fitosanitarios prohibidas actualmente en la UE por sus posibles riesgos podrían ser autorizadas, al no estar prohibidas en EEUU. Y algo similar podría ocurrir con diversos productos y aditivos para engorde de ganado prohibidos desde hace años en la UE. Y bajo el paraguas de la armonización regulatoria se plantea crear un órgano permanente, independiente de las instituciones, que se encargará de propiciar que las normas que se legislen por parte de los estados sean un traje a medida para las grandes corporaciones multinacionales, que serán los grandes (y quizá los únicos) beneficiados de este acuerdo.
Este acuerdo pone en cuestión, según la UCCL, la labor fundamental que los agricultores y ganaderos desempeñan hoy en la Unión Europea, es decir, para pasar a producir alimentos “en serie” bajo un modelo ultraproductivista industrializado, a costa del tejido social agrario y de graves perjuicios sociales y ambientales. Y además afectaría directamente a la prestación de servicios públicos básicos, como la sanidad o la educación, la gestión del agua etc., que se verían sometidos a un proceso privatizador sin precedentes, alejándolos del control democrático de los ciudadanos. Y también atenta contra los derechos de los trabajadores que se verían seriamente afectados.
Por todas estas razones, desde la Unión de Campesinos se posicionan a favor de los acuerdos de comercio, pero «no a costa de socavar los derechos fundamentales de las personas». Y consideran que no es asumible que principios puramente economicistas pongan en peligro el actual tejido agroalimentario de este país, e impongan un modelo agrícola industrial, mucho más inseguro y agresivo con el medio ambiente. Y por tanto, exigen el fin del oscurantismo que está ensombreciendo las negociaciones de este acuerdo, la máxima transparencia e información sobre el mismo, así como la consulta con las organizaciones sociales de todos los sectores implicados.
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