Juan Manuel Palomares, coordinador provincial de la Unión de Campesinos de Segovia.
La Unión de Campesinos pone al medio rural en la agenda política y reclama a las formaciones políticas que concurren en las elecciones generales «el espacio que la agricultura y el medio rural merecen por su peso económico, social y territorial». Esta organización considera que los poderes públicos no han saldado la deuda, reconocida en el artículo 130 de nuestra Constitución, que mantienen con la agricultura y el mundo rural, como demuestra el hecho de que las rentas agrarias se separan cada vez más de la del resto de sectores económicos, y por contra el medio rural tiene mas dificultades para acceder a los servicios básicos fundamentales de educación, sanidad y otros servicios sociales.
Juan Manuel Palomares, coordinador de Unión de Campesinos de Segovia, ha manifestado que es “muy complicado que se adopten medidas para cambiar de raíz esa situación, ya que ni tan siquiera los agricultores y ganaderos y los habitantes de los pequeños pueblos estamos en la agenda de los políticos”. Y por ello, en un informe que se está entregando a los partidos que concurrirán a las Elecciones Generales, la Unión de Campesinos de Segovia desgrana 19 medidas, algunas de ámbito más general y otras más concreto, que tienen como objetivo: mejorar las condiciones económicas de los agricultores y ganaderos, la mejora de la interacción entre el medio agrario y el entorno rural, el acceso del medio rural a servicios públicos fundamentales y la mejora de la representación del sector e interlocución social.
Entre las propuestas planteadas se incluyen entre otras, una orientación de la PAC hacia los profesionales y con vistas a recuperar los mecanismos que permiten la estabilidad de los mercados, medidas tendentes a mejorar la eficacia de la Ley de la Cadena Alimentaria en la persecución de las prácticas abusivas, como las que han desencadenado la actual crisis láctea, mejoras en la fiscalidad y la seguridad social agraria, así como en otras cuestiones relacionadas con la sanidad animal, la maquinaria agrícola y los inputs energéticos y material vegetal de reproducción.
Se pide el reconocimiento de la funcionalidad ambiental de la agricultura.
Igualmente se pide a las formaciones políticas el reconocimiento de la funcionalidad ambiental de la agricultura tradicional, y también se considera fundamental, sobre todo, «que se recuperen los niveles de gasto público», para que resulten acordes a las necesidades en materia agraria y de desarrollo rural, subrayando que desde 2009 el gasto en servicios públicos fundamentales ha caído en casi un 11 % y que la participación del Estado en los presupuestos del Ministerio de Agricultura se ha recortado en cerca de un 58 %. Y todo esto señalan, se está traduciendo en la pérdida de población en los pequeños municipios, «que ha descendido desde el 2000 un 5% y también ha bajado el número de empresarios agrarios, que se ha reducido en más de una cuarta parte solo en los últimos 7 años».
Para la Unión de Campesinos «es una sangría que hay que cortar», y en las próximas semanas trasladarán a los partidos políticos una batería de propuestas «para que los agricultores y ganaderos puedan ver en su profesión expectativas de futuro y para que los que vivimos en los pueblos podamos hacerlo sin considerarnos ciudadanos de segunda de este país».
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