Ribera del río Voltoya.
Ecologistas en Acción ha presentado esta jornada un recurso ante el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, contra el acuerdo por el que se autoriza una planta de gestión de residuos en Aldeanueva del Codonal, que podría tratar 19.206 toneladas anuales de residuos orgánicos y categoría “sandach”, procedentes de la industria agroalimentaria y subproductos de origen animal no aptos para el consumo humano.
Para esta organización ecologista uno de los aspectos más preocupantes de este proyecto es su ubicación, a tan sólo 125 metros del río Voltoya, en terrenos en parte clasificados como “inundables por el río Voltoya” en el propio estudio de impacto ambiental. Y que están clasificados como “suelo rústico protegido”, una calificación que, en opinión de Ecologistas en Acción, no admite el uso que se pretende dar a los terrenos.
El recurso presentado pone el énfasis, entre otras cuestiones, en el riesgo que conlleva el hecho de que una parte de la parcela se encuentre en una zona inundable, que podría arrastrar aguas abajo todo el material depositado, lo que ocasionaría daños que ni siquiera han sido adecuadamente evaluados en el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. Y también consideran que la ubicación de la planta supondría una amenaza permanente para las aguas del río Voltoya y, por extensión, para todos los municipios ribereños de este curso fluvial.
Además, consideran que la ubicación elegida vulneraría la propia Ley de urbanismo de Castilla y León, que en su apartado 9.3 establece que “en áreas amenazadas por riesgos naturales o tecnológicos, tales como inundación (…) no se permitirá ninguna construcción, instalación ni cualquier otro uso del suelo que resulte incompatible con tales riesgos”.
Pancarta colocada en la ribera del Voltoya.
Para Ecologistas en Acción de Segovia, es evidente que, en este caso, el proceso de evaluación de impacto se ha concebido como un mero trámite, y no como una herramienta previa a la toma de decisiones, cuyo objeto es precisamente valorar las consecuencias ambientales indeseadas con anterioridad a la autorización de un proyecto. Y por ello argumentan en su recurso que la autorización queda invalidada por esta clara incongruencia, que contraviene las disposiciones legales.
Finalmente recuerdan el rechazo social que ha generado el proyecto, al igual que en el caso de Fuentepelayo, un municipio que ha sufrido durante años graves episodios de contaminación y malos olores originados por una planta de gestión de residuos similar a la ahora proyectada para Aldeanueva del Codonal. Y en este sentido apuntan que «es difícil pasar por alto la ineficaz labor de control realizada en aquel caso por las Administraciones públicas», ya que solo una intensa y prolongada lucha vecinal, a través de la plataforma “No más mierda” logró que las autoridades intervinieran de forma adecuada para controlar el problema.
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