Ayuntamiento de la villa de Coca.
En plena polémica por el uso de los fondos públicos, la Corporación de Coca ha aprobado en el último pleno municipal, una propuesta presentada por el alcalde de la localidad , Juan Carlos Álvarez, para que antes de terminar su mandato se realice una auditoria de todos sus bienes personales, después de veinte años al frente de la alcaldía de la localidad. Álvarez ya elaboró hace unos años un reglamento municipal en el que se contemplaba esta posibilidad, de forma voluntaria, y ahora ha sido aprobada por la Corporación municipal.
En ese reglamento, Álvarez ya contemplaba la prohibición de viajar en clase preferente en viajes personales, el uso de vehículos de la Corporación, no alojarse en hoteles de lujo y otras medidas, que ahora ha salido a la luz pública, por el escándalo del uso de fondos públicos con fines personales, por parte del Presidente de la Comunidad de Extremadura, en su etapa de senador.
El alcalde de Coca, ya renunció desde su acceso al cargo, en el año 1995, de todo tipo de sueldo y remuneración por asistencia a los plenos y comisiones municipales, y en la actualidad, no solo alcalde, ninguno de sus concejales cobra dietas por asistir a los órganos de gobierno municipal, una postura que invita a seguir en otras instituciones para devolver la confianza a los ciudadanos.
Y precisamente, por estas medidas de control en la gestión municipal, y por su labor en temas ambientales, recibió en el año 2011 uno de los 20 premios que el Partido Popular otorga a los 20 alcaldes mas representativos de este partido a nivel nacional. El acuerdo de pleno establece que será una comisión, la que se encargue de fiscalizar toda la documentación necesaria para realizar la auditoría, y ha invitado a presidir la Comisión al grupo municipal del PSOE en la localidad.
La noticia sorprende en las circunstancias actuales, pero lo mas sorprendente es que para tomar esta medida, el alcalde ha señalado, que solo ha tenido que «mirar atrás en el tiempo, ya que el control en el uso entonces de los bienes públicos, ya se recogía en la figura jurídica denominada como Juicio de Residencia, en el Derecho Medieval.
Comentarios recientes