Editado Por Jesús Eloy García Polo en Dic 6, 2017

Sede de las Cortes de Castilla y León.

No soy jurista, ni experto, ni político, ni siquiera tertuliano sabelotodo, simplemente soy pueblo llano y, como tal, también puedo opinar sobre la reforma posible de la heroica Constitución del 78. Cumple 39 años y ha llegado a la edad de la madurez. Necesita ajustes y adaptaciones, como cualquier hombre o mujer a esa edad.

Nuestra Constitución más longeva, la de 1876, por no sufrir reformas adaptadas a los tiempos, cuando cayó nos trajo una Dictadura y en su derrumbe acabó llevándose también la Monarquía por delante. Ahora es el tiempo de tormentas de ideas, de flujo de opiniones y de lluvia de deseos. Los partidos, grupos y colectivos van soltando al aire todo aquello que les parece que hay que reformar. Precisamente los que menos quieren reformar la Constitución son aquellos que la aprobaron en el 78 tapándose la nariz, por el tufillo que les soltaba el Título Octavo, sobre las Autonomías. Ahora, como hace 100 años, los más conservadores no quieren oír hablar de reformas.

En estos días, con la aprobación del llamado “Cupo Vasco” se oyen por primera vez voces disonantes sobre ese aspecto de la España de las Autonomías. Con la Constitución en la mano, desde el Mar de Pinares podemos ver españoles de tres categorías diferentes, según su financiación, que es lo que decide nuestro nivel de vida. En el nivel A se encuentran el País Vasco y Navarra con plena autonomía recaudatoria, de donde restan una parte para la “casa común”, por gastos de funcionamiento. En el nivel B se encuentra Cataluña que ha tenido capacidad de chantajear sin paliativos a los gobiernos centrales, de uno y otro signo, para conseguir diferentes pluses en su financiación. También en el último Presupuesto un diputado de Coalición Canaria consiguió una propinilla para su tierra, a cambio del voto, claro. El resto de los españoles pertenecemos a un nivel C, sin ninguna capacidad de exigencia en la financiación y a expensas de lo que tenga a bien concedernos el ministro de turno, porque ya vemos que las cosas no están muy definidas en esos niveles y siempre hay riñas entre vecinos.

Banderas españolas en Barcelona el 30 de septiembre.

Los mayores problemas que estamos afrontando como país proceden de la armazón del Estado de las Autonomías. Si, tras el desafío soberanista catalán, se le concede a Cataluña el mismo nivel que al País Vasco, otras comunidades, como Andalucía, se sentirán despreciadas y minusvaloradas. Si se mete a Cataluña en el cesto común, no habrá forma de resolver el conflicto. ¿Entonces…?

Como pueblo llano, tengo muy claro que en el siglo XXI no podemos poner sobre la mesa Fueros y Leyes medievales para amparar determinados privilegios de la burguesía de cada lugar, que en su tiempo fueron los privilegios para que la nobleza de esos lugares se mantuviera fiel a un rey común y lejano. En una democracia del siglo XXI todos debemos tener las mismas obligaciones, los mismos derechos y por tanto la misma financiación, independientemente de donde residamos.

En un Estado moderno hay que separar por un lado las llamadas señas de identidad de un colectivo y por otro las normas administrativas y económicas. No podemos desenterrar el Fuero de Sepúlveda, el Reino de León, los Comuneros o a la opresión de Felipe V. Hay que poner sobre la mesa que, como ciudadanos, todos queremos ser iguales, porque ahora hay algunos que son más iguales que otros.

Las enseñas nacional y autonómicas.

Una posible solución al enredo autonómico pasa por hablar claramente de privilegios y por dejarlos atrás. Unos pueden seguir arrastrando piedras, bailando el Aurresku, otros haciendo castellets, otros cortando las crines a los caballos …Nadie planteará problemas con la llamada identidad de cada pueblo. ¡Pero …las cuentas claras!. Ahí debemos ser todos iguales. El mismo estatuto económico y las mismas condiciones. La identidad como nación, como pueblo o como barrio es otra cosa diferente. Cada uno puede situar su identidad donde quiera, pero la financiación debe ser igual para todos. No hay por qué hablar en la Constitución de naciones, nacionalidades, pueblos…siempre nos ha metido en un lío. Es complicado legislar sobre los sentimientos. No importa que yo me sienta más cuellarano, más español o más castellano, lo que importa es que cumpla las leyes que todos nos hemos dado. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuándo ha dejado Castilla de ser una nación?. ¿Lo sabe Pedro Sánchez?

Es tiempo de plantear propuestas a largo plazo, no soluciones puntuales para los problemas de estos días. A los que ahora disfrutan de privilegios medievales, para que acepten el nuevo status democrático, hay que ofrecerles un proyecto de país de ciudadanos iguales. Incluso debería haber un Referendum para sumarse o apartarse del proyecto común. Cualquier cosa es mejor que permanecer en las constantes peleas de vecindad que consumen nuestras energías, disminuyen la solidaridad y crean desconfianza en cualquier proyecto común.

Nos faltan políticos que nos ilusionen con un proyecto de país unido. Un proyecto donde la suma de los distintos territorios sea una multiplicación de sus posibilidades de desarrollo y convivencia. Sobran políticos localistas y cutres, que siempre van con la calculadora para controlar entradas y salidas de euros. Los políticos que conocemos solo tienen un objetivo de futuro : ganar las siguientes elecciones. Ninguno piensa en construir un país mejor, más unido y más justo. Pero no hay que olvidar que nosotros votamos a esos políticos y que han salido de entre nosotros. No podemos tener políticos suecos.