Aceves en las Cortes de Castilla y León.
La problemática de la gestión de los residuos de la planta de compostaje de Fuentepelayo volverá de nuevo a tratarse en las Cortes de Castilla y León, porque los procuradores socialistas, Jose Luis Aceves y Ana Agudiez, han presentado nuevas preguntas parlamentarias para conocer las ayudas públicas que ha recibido la empresa por parte de la Junta de Castilla y León, cuantas líneas de ayudas ha recibido y su cuantía, qué organismos de la Administración otorgaron las mencionadas ayudas públicas, y si se ha comprobado por parte de la Junta si las líneas de ayuda han cumplido con lo marcado en la concesión.
A estas nuevas preguntas , los socialistas han añadido la solicitud de toda la documentación de las resoluciones de la Junta, con el objetivo de conocer los criterios en los que se ha basado la Administración para otorgar las citadas ayudas públicas, y comprobar si se han cumplido los parámetros para los que iban destinadas las subvenciones y líneas de ayuda recibidas de la Junta de Castilla y León, para conocer los mecanismos de control llevados a cabo por la Administración.
Estas solicitudes de los socialistas se unen a la veintena de preguntas formuladas por los parlamentarios del PSOE, el pasado mes de Diciembre, para conocer los mecanismo de control de la Junta sobre la gestión de los resíduos de la planta de compostaje de esta localidad. Y ahora quieren saber quienes, qué autoridades preguntan, dieron esas ayudas. Los socialistas consideran, que a pesar que la Junta dice que ha realizado muchas inspecciones, no ha habido suficiente atención a la hora de hacer un seguimiento del asunto por parte de la Administración, porque a pesar de las quejas por los malos olores, la Junta ha estado año y medio, desde Junio de 2013 hasta finales del 2015, sin hacer ninguna inspección.
En este sentido, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Suarez Quiñones, informaba este pasado martes en las Cortes, en respuesta a una pregunta formulada por Izquierda Unida, que la Junta ha realizado 24 controles e inspecciones en esta planta, desde el 2008 al 2015, pero no ha sido hasta finales del pasado año, cuando tras el malestar vecinal se realizaron tres nuevas inspecciones, que esta vez si han detectado irregularidades en la gestión de los resíduos almacenados. Lo que llevó al parlamentario de IU, José Sarrión, a preguntarse por qué han tardado 8 años en ver lo que estaba pasando.
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