Operario en una empresa.
La Junta de Castilla y León y el Gobierno han iniciado una campaña conjunta y coordinada de control a los centros de trabajo de la Comunidad con el objetivo de verificar que se cumplen las medidas de prevención y contención sanitarias frente a la COVID-19.
La iniciativa está promovida por las Consejerías de Empleo e Industria y de Sanidad, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en ella están participando inspectores, subinspectores y técnicos de las unidades de Seguridad y Salud Laboral de los tres departamentos.
La campaña se desarrolla en dos fases. En la primera, que se prolongará hasta el 9 de agosto, se realizarán visitas de control a empresas de los sectores agroalimentario, cárnico, hostelero, comercial e industrial, en función de las actividades más representativas de cada provincia. La segunda etapa comenzará a partir del 10 de agosto, y a ella se incorporarán inspectores del área de Sanidad.
El objeto de las visitas a los centros de trabajo es comprobar que las compañías de Castilla y León están adoptando las medidas de prevención, contención, seguridad e higiene frente a la pandemia, reguladas por la normativa estatal y por la autonómica.
Medidas de obligado cumplimiento
Entre las más relevantes, cabe destacar el deber de las empresas de mantener una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros entre sus empleados o, si esto no resulta posible, de facilitarles los equipos de protección adecuados. El uso de mascarilla también es obligatorio.
En los centros productivos deben garantizarse, asimismo, la ventilación, limpieza e higiene de las dependencias, la provisión de hidrogeles, la reordenación de los turnos para evitar la coincidencia masiva de personas –ya sean clientes o trabajadores– y el fomento del teletrabajo.
El Ejecutivo de Castilla y León marca también limitaciones en los aforos y establece unas pautas para el uso de instalaciones comunes –como ascensores, aseos, vestuarios, probadores o salas de lactancia–, así como directrices para la desinfección de locales, uniformes y ropa de trabajo.
Sanciones
El personal que va a participar en esta campaña está habilitado para fijar sanciones en el caso de detectar incumplimientos por parte de las empresas. Así, los inspectores y subinspectores estatales pueden establecer multas de entre 2.046 y 40.985 euros por infracciones graves.
Por su parte, las sanciones aplicables por la Junta oscilan entre los 100 y los 3.000 euros para infracciones leves; entre los 3.001 y 60.000 euros para las graves; y entre los 60.001 y 600.000 euros en el caso de las muy graves.
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