Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cuéllar.
La delegación en la alcaldía de la gestión para fijar el nuevo precio del agua ha puesto de uñas a los dos grupos de la oposición en la Corporación cuellarana, PSOE e Izquierda Unida, que han vuelto a la carga en sus críticas sobre el nuevo proceso para la adjudicación de la explotación del servicio del agua por otros 20 años. Estos dos grupos se oponen a esta privatización porque señalan que «va en contra de los intereses de los vecinos», mientras para el equipo de gobierno popular la gestión privada del agua ha hecho que tengamos un servicio de mas calidad.
De lo que se trata con esta delegación es de facultar al alcalde a la hora de la revisión del precio del agua, una vez que va a entrar en servicio la nueva depuradora de aguas residuales y esto va a encarecer los costes de la gestión del servicio. Para ello, se va a establecer un periodo de prueba de dos meses con la actual concesionaria para ver cuales son los costes reales a la hora de fijar el precio en el nuevo contrato de explotación de la gestión del agua, que sale a concurso para los próximos veinte años.
Para el alcalde, Jesús García, la gestión privada es «muy aconsejable», y puso como ejemplo los altos costes del agua en el ayuntamiento de Segovia, donde la gestión es municipal. Y en este sentido no se olvidó de recordar a la oposición la experiencia negativa de la gestión municipal directa en la construcción del complejo de las 24 viviendas de Niñas Huérfanas en la etapa de los socialistas al frente del gobierno municipal.
Sin embargo, para el portavoz del PSOE, Carlos Fraile, esa delegación en el primer edil «no procede y es cuando menos irregular porque resta transparencia a este proceso», apuntando que va en contra de los intereses de los vecinos. Y desde Izquierda Unida lo ven como «una imposición política del PP y el alcalde a la cabeza», cuando en otros lugares, se están revirtiendo los procesos de privatización. Alberto Castaño, iba incluso mas lejos señalando en su intervención que «este proceso empieza a oler bastante mal», porque no se han hecho unos estudios serios sobre los costes, y se trata de un sinsentido que puede llevar a la hipoteca del ayuntamiento para los próximos veinte años.
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