Pinares de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar.
El PSOE exige cambios en el texto recientemente aprobado porque considera que esta norma, en su artículo 50, abre una puerta para cambiar el uso de terrenos forestales tras un incendio, planteando posibles excepciones, «algo que la legislación actual no permite de ninguna manera, durante 30 años con el objetivo de evitar la especulación y su transformación en otros usos de diferente carácter».
Y por ello consideran que, con este texto «se debilita la protección del medio forestal» y por tanto, la defensa contra los incendios provocados con interés especulativo, ya que generará inseguridad jurídica, que podría abrir la puerta a desarrollos urbanísticos en terrenos incendiados.
Los socialistas también critican que esta reforma se ha realizado sin contar con el consenso social de los expertos en gestión y conservación forestal, organizaciones sindicales, etc. y afecta, de forma claramente negativa, a los intereses de las masas forestales de nuestro entorno y nuestra Comunidad Autónoma.
Ademas consideran que «huye del interés general» y se centra en los usos productivos del monte, relegando las funciones sociales y ambientales de los sistemas forestales y liberaliza la gestión de montes privados y públicos no catalogados, que ven como «un retroceso frente al texto del 2006 que incluyó la obligatoriedad de que todos los montes contaran con un instrumento de gestión».
Y por último, otro de los aspectos negativos del nuevo texto es para el PSOE, que modifica la definición de los profesionales que vigilan y conservan los montes, los agentes forestales, en su condición de policía judicial en sentido genérico, que ven como «un claro síntoma de desatención al patrimonio medioambiental de nuestra Comunidad Autónoma, ya que esta reforma ni protege el medio ambiente, ni favorece el desarrollo rural».
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