Los concejales de Izquierda Unida en una sesión de la Corporación.
El grupo municipal de Izquierda Unida ha presentado en la secretaría del ayuntamiento de Cuéllar una solicitud, para que la asesoría jurídica municipal emita un informe, para saber si las liquidaciones que el ayuntamiento está realizando, desde Octubre del 2014, a la empresa Aquona, se ajustan a la legalidad. Desde esa fecha, esta empresa que gestiona el servicio municipal de agua potable, está prestando el servicio sin un nuevo proceso concursal y, por tanto, las liquidaciones que el ayuntamiento está realizando no figuran bajo ninguna relación contraactual.
El concejal de este grupo, Miguel Ángel Gomez, ya expresó sus dudas sobre estas liquidaciones a la empresa Aquona en el último pleno municipal, basándose en los reparos del departamento de Intervención municipal, ya que los pagos realizados superan la cifra de 20.000 euros, que es el límite que fija la legislación para las contrataciones directas por parte de las administraciones locales.
Y el alcalde justificó la demora en la convocatoria de un nuevo concurso para la gestión de este servicio, porque el equipo de gobierno municipal está esperando la adjudicación, por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, de las obras de la nueva depuradora de aguas residuales y, se quiere englobar la gestión de la E.D.A.R, en el nuevo pliego de condiciones.
Pero estas razones no convencieron al concejal de Izquierda Unida, que ve irregularidades en la situación actual, porque tal y como expresó en el pleno del 25 de Noviembre, «se están realizado pagos sin ningún tipo de contrato«. Y por ello ha solicitado este informe, para conocer si esas liquidaciones se ajustan a la legalidad.
Este grupo no solo quiere conocer la legalidad de las liquidaciones ya realizadas, también quiere conocer si las cantidades que se han presupuestado para el 2015 tienen base jurídica, ya que en el presupuesto del próximo año, aparecen bajo ese concepto las siguientes cifras: 222.239 euros por el servicio del alcantarillado, 36.900 euros por la gestión de las piscinas, y 536.531 euros por la prestación del servicio del suministro de agua potable.
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