Izquierda Unida pide una evaluación de impacto medioambiental del proyecto de la ampliación del aprovechamiento de las aguas del Cega, tras conocerse el informe de la Junta que determina que la recarga solicitada por los Regantes del Carracillo implica «efectos significativos sobre el Medio Ambiente». Por ello consideran que el proyecto debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, ya que la Evaluación Simplificada “no contiene los necesarios estudios y análisis específicos y profundos que evalúen en rigor las potenciales afecciones del proyecto”.
En este mismo sentido insisten en las numerosas alegaciones presentadas por asociaciones, ayuntamientos, grupos políticos y particulares que ven en este proyecto de detraer más aguas del río Cega «un riesgo ambiental injustificable para la vida en el río y su entorno». Así cómo, para el abastecimiento de las poblaciones, muchas de las cuáles tienen contaminadas por nitratos o arsénico sus abastecimientos subterráneos debido a la sobreexplotación de los acuíferos por las prácticas intensivas de la agricultura y la ganadería.
Desde IU hacen hincapié en los efectos indeseados de ese proyecto que explicita el informe de Medio Ambiente, como es “ una merma acusada de la lámina de agua, lo que reduciría la funcionalidad del ecosistema fluvial, alterando su estructura y su funcionamiento, lo que puede suponer un riesgo para la conservación a medio y largo plazo de las poblaciones asociadas a esto ecosistemas”.
Así como, los potenciales impactos del proyecto en el ecosistema de la zona, «que resultan incompatibles con los valores medioambientales del entorno», ya que el informe apunta que «no puede asegurarse la ausencia de afecciones a la integridad de los lugares Natura 2000 afectados”. Y el riesgo consiguiente para la población «que podría verse considerablemente afectada», ya que «el proyecto en conjunto podría afectar a la disponibilidad y/o calidad del agua para abastecimiento humano”.
Por ello, insisten en la necesidad de una Evaluación de Impacto Ambiental rigurosa, y a su vez un replanteamiento por parte de la Junta de una política agraria respetuosa con el Medio Ambiente. Y por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, que se fije «unos caudales ecológicos acordes a la Directiva Marco del Agua, que garanticen la calidad de las masas de agua y promueva su uso sostenible».
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