La Junta de Castilla y León ha aprobado el decreto que recoge las normas de condicionalidad en el ámbito del medio ambiente, la salud pública y el bienestar de los animales, que deben cumplir los agricultores y ganaderos que soliciten ayudas de la Política Agrícola Común en el periodo 2015-2020. Las normas sobre el respeto de la condicionalidad para poder percibir las ayudas directas de la PAC se incluyeron en la reglamentación comunitaria y se empezaron a aplicar a las solicitudes del año 2005, y son un conjunto de requisitos que deben respetar los agricultores y ganaderos, en materia medioambiental, de salud pública y el bienestar de los animales, basadas en normas europeas y nacionales.
El decreto que se ha aprobado adapta la normativa autonómica a las legislaciones nacional y comunitaria actuales, y lleva consigo la determinación del órgano responsable de la verificación de los requisitos, en este caso la Consejería de Agricultura y Ganadería, y de la coordinación de actuaciones en controles sectoriales en el ámbito medioambiental y de salud pública, que serán las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y la Consejería de Sanidad, que trasladarán los resultados de sus actuaciones a la Consejería de Agricultura y Ganadería.
Por otra parte, el decreto también supone una simplificación respecto al periodo anterior. Se han reducido los requisitos a cumplir y afectará a un menor número de beneficiarios, al quedar excluidos del sistema de control y penalizaciones los solicitantes incluidos en el Régimen de Pequeños Agricultores. Entre las exigencias que se han suprimido destacan cuatro requisitos legales de gestión relativos al uso de lodos de depuradora y a las notificaciones de enfermedades en animales, y ocho normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra relacionadas con el mantenimiento de olivares y viñedos, pastos y terrazas de retención.
En cuanto a las obligaciones que se mantienen cobran especial relevancia los aspectos relacionados con el agua, contemplados en cuatro requisitos relativos a la contaminación por nitratos, a la protección de aguas subterráneas, a la creación de márgenes de protección en los ríos y a los procedimientos de autorización del uso del agua para el riego.
Este decreto permitirá que las ayudas directas de la PAC y determinadas medidas incluidas en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural, como ayudas agroambientales, tengan garantizado un responsable de verificación de requisitos que son demandados por la sociedad. El conjunto de las ayudas que tendrá este decreto como referencia supone una financiación para el sector agrario de más de 1.000 millones de euros al año en Castilla y León.
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