Esa es la razón,«los agricultores somos los últimos en cobrar» por la que la Unión de Campesinos de Segovia volverá a concentrar a los agricultores y ganaderos de la provincia, el miércoles 13 de Agosto, ante la sede de la Delegación Territorial de la Junta : exigir el cobro de las ayudas pendientes de pago por parte de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León.
Este retraso ha sido criticado en repetidas ocasiones por parte de esta organización, que achaca a la Consejería una falta de responsabilidad grave, porque el retraso en el pago de estas ayudas, está colocando en una situación muy difícil a 52 profesionales de este sector, que llevan esperando el pago de estos expedientes certificados (aprobados por la propia Administración) desde al año 2010.
Además el coordinador provincial de este sindicato, Juan Manuel Palomares, ha sido hoy muy crítico con la política que está llevando a cabo la Consejería de Agricultura, que lleva » tres años sin convocar ayudas muy importantes para el desarrollo del sector», como son entre otras, las ayudas agroambientales, las de planes de mejora de explotaciones agrarias y las destinadas a la contratación de seguros agrarios.
Y todo esto, señalaba. está sucediendo mientras se incrementa el presupuesto que la Consejería destina al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ITACYL, que ha pasado de tener un presupuesto de 69 millones en el 2007, a contar con 140 millones de euros para el año en curso. Es decir, criticaba Palomares, se incrementan los fondos para el organismo que lleva a cabo toda la política de marketing de la Consejera a través de Tierra de sabor, mientras » disminuyen las ayudas al sector».
El sector esta sufriendo además el recorte añadido del presupuesto destinado a los Planes de Desarrollo Rural, y en especial, el presupuesto destinado a los grupos de Acción Local, que han visto recortados de manera drástica sus fondos. Unos recortes que, para este sindicato, están llevando a los cuatro grupos de la provincia a una situación de quiebra, que pone en peligro la propia supervivencia económica de los programas de Desarrollo Rural.
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