El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia ha revocado, a través de una sentencia de fecha 18 de noviembre, la autorización para construir una nave de 200 m2- para almacenar material de construcción y maquinaria en una parcela de suelo rústico junto a la autovía de Valladolid, en la localidad de Carbonero el Mayor. El Tribunal ha estimado el recurso en contra de Ecologistas en Acción de Segovia, que había llevado a los Tribunales la decisión de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Segovia en la que se autorizaba la construcción de la nave. por considerar que el destino del suelo rústico debe ser un uso agrario y no para actuaciones que deben ir en los polígonos industriales.
Desde Ecologistas en Acción se recurrió la autorización porque «la parcela tenía un uso agrario que había que proteger», y porque consideraba inexcusable corregir la tendencia de la Comisión Territorial a autorizar todo tipo de “usos excepcionales” en suelo rústico común sin atender a su interés público. Y consideran que en la mayoría de los casos se solicitan construcciones en suelo rústico, porque «es un suelo más barato que el suelo industrial y a gusto del promotor». Y sin embargo, los polígonos industriales se han creado para albergar este tipo de usos y edificaciones y no en suelos destinados a la agricultura, a la ganadería o a la naturaleza.
La Sala de lo Contencioso ha interpretado, que la Ley de Urbanismo protege los suelos agrarios y considera que no se ha justificado ningún motivo de interés público que obligue a emplazar la nave-almacén para un uso no agrario en suelo rústico. Y según Ecologistas esta sentencia, viene a confirmar el principio instaurado por la Ley de Suelo de 2007 que señala que todo suelo rural tiene un valor ambiental que debe ser ponderado, y obligará a la Junta de Castilla y León a cambiar el criterio seguido hasta ahora de dar luz verde a este tipo de solicitudes.
La sentencia, que en principio era recurrible, se ha hecho firme y desde Ecologistas en Acción consideran que con ella «se atenúa la proliferación de usos inadecuados en suelo rústico, se protegen los suelos agrarios y el medio ambiente, y se impide la especulación con parcelas rústicas», protegiendo los intereses de los agricultores y ganaderos, que tienen que competir con otros demandantes de suelo rústico. Y, por último, estiman que las inversiones se deben redirigir hacia los polígonos industriales, que como en Carbonero, se encuentran con parcelas vacantes.
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