Terrenos presuntamente contaminados en Fuentepelayo.
La Plataforma Mo Mas Mierda ha hecho pública esta jornada una nota de prensa en la que recuerdan que próximamente se tendrá que poner en marcha el plan de retirada de los resíduos esparcidos por Fuentepelayo y su entorno por parte de la Administración, dado que la planta de compostaje no ha presentado un plan de recogida de los residuos depositados en las tierras de labor de esa localidad y las poblaciones próximas de Aguilafuente y Zarzuela del Pinar..
Y según las informaciones que obran en su poder señalan que que los graves incumplimientos de la normativa que han detectado las Administraciones públicas en el funcionamiento de la ‘planta’ a partir de las denuncias de la Plataforma Ciudadana No Más Mierda, y según la Ley 22/2011 relativa a los Residuos y los Suelos Contaminados, pueden conllevar sanciones elevadas a esta instalación, que pueden ser desde una multa de 1.750.000 euros a la revocación de las autorización concedidas, además de la clausura de la ‘planta’ y la inhabilitación como gestor de residuos.
Este colectivo vecinal informa que en esta primera quincena de mayo, tendrá lugar la fase de audiencia que le concede la Administración a la empresa para presentar alegaciones, o documentación e información, al respecto de los incumplimientos detectados en la actividad ejecutada. Y señalan que uno de los incumplimientos ha sido que la balsa de recogida de los lixiviados generados en la zona de descomposición de residuos en proceso de compostaje, cambió de estar vacía a estar colmatada. Y ese tipo de lodos debe ser recogido en la balsa de recepción y no en la balsa destinada a los lixiviados generados durante el compostaje. Y también apuntan que se han detectado resíduos que no habían comenzado aún el proceso de compostaje.
Finalmente señalan que dado que la planta no ha presentado un plan de recogida de los residuos depositados en las tierras de labor de Fuentepelayo, Zarzuela del Pinar y Aguilafuente, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León se ha visto obligada a programar la retirada y la gestión de esos residuos orgánicos, que no habían recibido el tratamiento de descomposición y están pudriéndose contaminando el suelo y el agua.
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