Editado Por Redacción Cuéllar en Ene 14, 2017

La alcaldesa de Carbonero, MªÁngeles García, en el despacho de la alcaldía.

La polémica en el plano político no cesa en relación con el controvertido tema medioambiental de la localidad de Fuentepelayo y la procuradora del Partido Popular, Mª Ángeles García,  ha salido al paso de las críticas de los socialistas recordando a su secretario provincial, Juan Luis Gordo, que lo único que han hecho ha sido «sumarse al carro de la iniciativa popular de la localidad de Fuentepelayo», y que ha sido la Junta de Castilla y León quien ha solucionado el problema que suponía la acumulación de residuos en el municipio.

García tacha de “demagógica y oportunista” la actitud del PSOE cuando la realidad es que el alcalde de esta localidad, Daniel López, ha tenido una actitud totalmente anodina durante todo este tiempo. Recuerda que fue el anterior regidor de la localidad, Lorenzo Tejedor, del Partido Popular, quien abrió diligencias para analizar la actividad de la empresa, pero posteriormente en 2011, cuando entró en el ayuntamiento López, esos expedientes se paralizaron. Y por ello pide explicaciones a Gordo «en lugar de echar balones fuera y atacar al Partido Popular”, indica la Procuradora.

Desde el PP, tachan de irresponsable la actitud del PSOE, que en el ayuntamiento de Fuentepelayo actúa de una forma y en otros organismos de otra, como las iniciativas presentadas por el procurador José Luis Aceves en las Cortes Regionales que afirma «lo único que busca es un rédito electoral, olvidando el fin fundamental que es el bienestar de los habitantes de Fuentepelayo y  sus alrededores».

Mª Ángeles García afirma que el equipo de gobierno socialista de esta localidad cuenta desde hace meses con informes técnicos de la Junta de Castilla y León, pero su alcalde “no ha sido capaz ni de valorar la revocación de las licencias de actividad a pesar de contar con dichos informes”, por lo que se preguntan qué interés tiene el equipo de gobierno para no efectuar esa revocación.

También ha afirmado que como cualquier empresa que cumple los requisitos esta empresa recibió ayudas por parte de la Administración Autonómica, pero «una vez comprobado el incumplimiento de algunos de los términos de estas ayudas, la Junta dejó de subvencionar su actividad, como ocurre en otros ámbitos, y en alguno de los casos ni siquiera se llegó a hacer efectivo el pago». Además recuerda desde el inicio de la actividad de la empresa hasta finales del año 2015  se han realizado más de 30 inspecciones, y afirma que el Servicio Territorial de Sanidad no detectó evidencias de un problema de salud para los vecinos.

La procuradora popular ha insistido en que «se han hecho decenas de inspecciones, y se han tomado las medidas oportunas en cada caso, incluidas las cautelares que mantienen la planta cerrada hasta la fecha, e instando a la empresa a que cesara el vertido de residuos y los retirase». Y como no se ha efectuado  y debido a la alarma generada, ha sido la Junta de Castilla y León quien ha contratado los servicios de una empresa especializada por un procedimiento de urgencia. “A partir de este momento, una vez retirados los residuos sólo quedan dos vías por solucionar, la judicial y la administrativa con el ayuntamiento y el resto de Administraciones por parte de la empresa”, concluye Mª Ángeles García.